Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

Por “acción u omisión” el Ministerio de Transporte y Cormagdalena “amenazan, vulneran o infringen los derechos e intereses colectivos” de Barranquilla a raíz de los problemas de navegabilidad no resueltos por estas entidades.

Los anteriores argumentos forman parte de la acción popular que la Procuraduría General acaba de radicar contra el Ministerio de Transporte y Cormagdalena, confirmaron en exclusiva a Emisora Atlántico y ZonaCero.com fuentes del Tribunal Administrativo del Atlántico.

El Ministerio Público considera que el Mintransporte y Cormagdalena “no han hecho lo suficiente”, en el marco de sus competencias, para garantizar en el Puerto de Barranquilla unas condiciones de navegabilidad constantes y seguras; y sostiene que “al contrario han afectado o puesto en riesgo la competitividad” de la ciudad y el sector portuario.

En el texto de la demanda, los procuradores judiciales Welfran Mendoza Osorio, Javier Lizcano Rivas y Juan Spirko Payares afirman que es evidente que la falta de resultados, para resolver los problemas de sedimentación del canal navegable, ha generado una crisis permanente que “vulnera y amenaza” derechos colectivos como la defensa del patrimonio público; afecta el acceso al servicio público portuario, a su eficiente y oportuna prestación, y pone en riesgo los derechos de los consumidores y los usuarios, entre otros perjuicios.

Señalan que no hay duda de que, ante la repetitiva falta de calado para el ingreso y salida de embarcaciones, la zona portuaria de Barranquilla sufre un “daño cierto” que es “directamente atribuible” al Ministerio de Transporte y Cormagdalena como responsables que son de velar por la adecuada navegabilidad por el río Magdalena.

Alegan que esos problemas tienen que ver con que no se garantiza, de manera permanente, un calado de 10.20 metros, lo cual “ocasiona graves perjuicios al sector portuario, a la economía local, regional y nacional”, porque los barcos que vienen con destino a la capital del Atlántico deben llevar sus cargas a puertos como los de Cartagena y Santa Marta.

Los demandantes razonan que, si bien la Nación, por medio del ministerio y Cormagdalena, ha realizado trabajos de dragado, la ejecución de esos contratos “deja mucho que desear”. Recuerdan inquietudes similares expresadas, en declaraciones y conceptos, por el alcalde Jaime Pumarejo y Asoportuaria. Esos resultados deficientes, enfatizan los procuradores, “se constituye en la principal causa del daño a los derechos colectivos”, cuya protección solicitan en la acción popular.

Cuestionan que Cormagdalena insista en tratar esta problemática con “dragados ocasionales”, proceso que definen como “reactivo y no preventivo”; que se limite a anunciar cambios en la cantidad de los sedimentos dragados, lo que, para ellos y ante la crisis, se constituye en “hechos formales y no sustanciales”. Por eso los califican como “retoques que no han servido como solución definitiva, integral, contundente y permanente a un problema que se volvió eterno en el sector”.

A juicio de los procuradores Mendoza, Lizcano y Spirko, esta “situación anómala continúa debido a que la intervención del Estado se caracteriza por su no permanencia en el canal y la simple constatación de las dificultades surgidas de la mala ejecución de los contratos, ocasionándose un detrimento patrimonial evidente (…)”. Insisten en que tales acciones y omisiones impiden la implementación de soluciones que aseguren un calado constante y garanticen la navegabilidad idónea y adecuada en el puerto barranquillero.

Detallan en la demanda que la gravedad de la crisis del puerto local es tal que Asoportuaria, en respuesta a requerimientos del Ministerio Público, informó que, entre otras pérdidas, en 2020 el aligeramiento de cargas, el desvío de buques a otros puertos, las demoras y sobrecostos sumaron 4.035.475 dólares y los puertos dejaron de facturar 1.894.265 dólares. Pérdidas cercanas a los 24 mil millones de pesos, nada más por esas dos afectaciones.

Sobre la defensa del patrimonio público que invocan, los procuradores afirman que la “omisión de Cormagdalena, para mantener un adecuado canal de acceso, afecta, de sobre manera, el aprovechamiento de un bien de uso público, y de contera lesiona el patrimonio público en tanto que las medidas, que han sido oportunas, no han sido eficientes” al no estabilizar el canal navegable.

Sostienen que la crisis afecta los derechos de los consumidores y los usuarios al no poder utilizar en buenas condiciones el servicio portuario, hecho que golpea de manera directa la generación de empleo y causa afectaciones económicas y sociales relevantes.

En cuanto a los derechos colectivos, la Procuraduría señala que el Ministerio de Transporte y Cormagdalena, en calidad de demandadas, “nunca han perseguido la satisfacción del interés general y del cumplimiento de los fines estatales (…), sino que han venido tratando el asunto con paños de agua tibia, para un enfermero grave”, a través de contratos de dragados que, reafirman, “no solucionan de manera definitiva” la decretada calamidad pública portuaria.

Mendoza, Lizcano y Spirko recuerdan que a la fecha el Gobierno Nacional sigue anunciando la Alianza Público-Privada del río Magdalena, sin embargo, como “no existe plena certeza de las fechas en las que se realizaría la licitación”, y hasta que no se encuentre en marcha dicha contratación, insisten en que es menester que las “autoridades demandadas garanticen de manera satisfactoria” el funcionamiento del canal de acceso a la zona portuaria.

Por eso, además de pedir que el Tribunal conceda el amparo de los derechos e intereses colectivos consagrados en la Ley 472 de 1998, que reglamenta la Acción Popular, el Ministerio Público considera que a las entidades demandadas deben ordenarles “resolver de manera integral y permanente la problemática de navegabilidad (…) mediante la compra, contratación, destinación e instalación en dicha zona, o cualquier otra modalidad efectiva que considere el juez, de una draga adecuada y eficiente para prevenir, enfrentar y remediar las graves consecuencias de dicha problemática”.

Igualmente, la Procuraduría General demanda que el Tribunal Administrativo ordene que el Ministerio de Transporte y Cormagdalena ejecuten las “demás obras rígidas y sus respectivos mantenimientos, y las acciones legales, logísticas, científicas, etc. que a, juicio del juez, sean necesarias para la formación e implementación de una navegabilidad segura y confiable durante todo el año”.

La acción popular fue admitida la semana pasada -el 8 de abril- por el magistrado Javier Bornacelly Campbell, quien ordenó que todas las partes sean notificadas. En sus manos está que, por vía judicial administrativa, el Puerto de Barranquilla garantice un futuro estable y competitivo para que, como ha clamado el sector portuario por años, “cese la tormenta por tanta negligencia y burocratismo estatal”.

Admisión de acción popular contra crisis del Puerto de Barranquilla by Zona Cero on Scribd